En el foro sobre seguridad organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) en Punta Cala abundaron los mensajes sobre la necesidad de que la Justicia, la Policía y el Ministerio Público coordinen acciones y presenten un frente unido.

Sin embargo, durante el desarrollo del encuentro otra vez quedaron en evidencia divergencias entre la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior. Y el senador blanco, Jorge Larrañaga fustigó duramente la gestión del gobierno en materia de seguridad con el argumento de que los peores resultados no pueden atribuirse al efecto a partir de noviembre del nuevo Código del Proceso Penal como planteó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Aprovechó, acompañado por la plana mayor de su sector Alianza Nacional, a reclamar enérgicamente que se difundan las cifras oficiales sobre rapiñas.

El primero que habló fue el ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak quien sostuvo que “el fenómeno del crecimiento de las rapiñas se puede revertir” aunque crecen desde hace 30 años y evaluó los datos de Estados Unidos para sostener la tesis de que “es muy probable” que una mayor tasa de encarcelamiento de los delincuentes puede revertir los delitos violentos. En un obvio mensaje hacia adentro del Estado advirtió: “La Liga de la Justicia solamente triunfa cuando está unida”, dijo.

Luego fue el turno del Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que sostuvo que “si pierde la Policía, perdemos nosotros y ganan los delincuentes y eso es lo que no puede pasar” y mostró sus dudas respecto a que una mayor tasa de encarcelamiento abata los delitos. Dijo que desde 2009 la seguridad es la mayor preocupación de los uruguayos y admitió que de 236.164 denuncias policiales que se hicieron en 2016 solamente fueron comunicadas a la Justicia unas 91.649, de las que 51.000 fueron investigadas y 12.000 terminaron en imputaciones (el 5,4% del total).

Sin embargo, Bonomi diría luego que ese dato es “equivocado” porque algunas imputaciones corresponden a personas que han cometido varias rapiñas, por lo que en realidad el porcentaje de delincuentes imputados se eleva mucho, a alrededor del 25%.

Díaz había dicho que hay familias que toman como su trabajo el narcotráfico porque sus miembros pueden ganar en un mes $ 40.000 o $ 50.000, el doble o más de lo que obtendrían trabajando en una empresa de seguridad o de limpieza.

El ministro del Interior, comenzó aclarando que noviembre de 2017, mes en el que entró en vigencia el Código de Proceso Penal, fue un punto de inflexión en la caída de los delitos que se venía produciendo y que si bien lo apoya porque consagra derechos, “hay una persecución penal más benigna” por lo que apoya los cambios que se le introdujeron. Hay 1350 presos menos, aseguró. “Hay que levantar la mira y dejar el debate crispado. Seguimos sin tener una percepción compartida de la amenaza”, comentó. Los cambios en el código y el ingreso de nuevos polícías permitirán retomar la tendencia a la baja en los delitos, aseguró. “Con independencia de quién gobierne hacen falta más policías porque se rompió el equilibrio entre policías y delincuentes”, sostuvo. Sin embargo, la tesis de Bonomi no parece ser la del ministro Chediak, que recordó que la corte pidió disculpas con anticipación por los problemas que iba a haber con la aplicación del código pero aseguró que, tras dos meses en los que cayeron los procesamientos, la situación de revirtió.

Más duro fue el senador Larrañaga, quien tras recordar que “hace rato que el ministro tiene tarjeta de tono subido” advirtió que “tenemos una realidad que está por encima del CPP” y que “una seccional vacía no es culpa de los fiscales, de la Justicia o de la oposición” (en obvia alusión al reciente episodio en que un joven filmó una comisaría vacía en la Aguada). “Es imposible no entrar en polémica. Llevamos 230 homicidios en lo que va del año, uno por día”, agregó. Y enumeró que se soslaya el impacto de la droga, que hay gravísimos problemas en el sistema carcelario y que entre los presos hay un alto porcentaje de adictos y reincidentes. “Por eso apelamos a la campaña de recolección de firmas. Hay una intoxicación ideológica que impide cambios. El diálogo de seguridad de 2016 dio resultados insuficientes. Un gobierno que no defiende a su gente está en problemas y con él, la sociedad”, sostuvo.

Bonomi matizó luego que “la prensa tiene que presentar bien lo que decimos” y aclaró que sus discrepancias han sido “con algunos fiscales y algunos jueces” y reiteró que comparte el espíritu del nuevo código.

Chediak aseguró que es una muy buena señal que se vaya a hacer cambios al CPP. “No se está esperando a los tiempos de la cátedra. Y estos cambios no van a ser los únicos”, aseguró.

El concurrido foro de ayer de ADM en Punta Cala sirvió para que la plana mayor de Alianza Nacional (los diputados Pablo Abdala, Jorge Gandini, los senadores Carlos Camy y Guillermo Besozzi y el intendente de Colonia, Carlos Moreira, arroparan a su líder Jorge Larrañaga, que dejó un mensaje tras semanas de desencuentros entre fiscales, policías y jueces. “No podemos echarle la culpa a los instrumentos legales. El debate permanente entre los actores fragiliza a la Justicia. En el medio queda la gente. El 50% de los homicidios no se esclarecen “, dijo con vehemencia Larrañaga. Y se quejó de que el gobierno da los datos de delitos “en cuentagotas”. En la charla no había dirigentes del sector blanco Todos.

Nota cortesía de El País