La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que introducirá entre otros cambios audiencias orales y públicas, obligará a aumentar las medidas de seguridad para los operadores judiciales, testigos y víctimas, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.

“La mayor exposición puede conllevar riesgos de amenaza o efectivización de ataques contra los operadores judiciales”, advirtió el magistrado en el desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y del que también participó el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

De cara al nuevo proceso generan especial preocupación las víctimas, ya que serán parte del proceso y no solo estarán en la audiencia sino que podrán proponer al juez que cite a testigos, lo que aumentará también su exposición, aseguró. En ese sentido, Chediak opinó que “se necesitan protocolos” para proteger la identidad de estos actores cuando sea necesario, porque, de lo contrario, el temor a declarar puede ser un “obstáculo para las investigaciones”, y hacer que la población señale que el nuevo sistema “es menos eficaz”.

El magistrado contó que en la actualidad las víctimas o testigos de un juicio declaran algo ante un juez o fiscal, pero luego dan marcha atrás porque tienen temor a represalias. Chediak también apuntó que se deberá aumentar el nivel de seguridad de las sedes judiciales, aunque aclaró que, a diferencia de otros países, aún no es necesario que todas tengan detectores de metales o cámaras de videovigilancia.

Actualmente, hay cerca de 15 jueces y fiscales que tienen custodia policial, una cifra que casi duplica a la de dos años atrás, ya que en 2015 eran ocho operadores judiciales, informaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El juez José María Gómez y el fiscal Gustavo Zubía son los últimos operadores judiciales a los que se les asignó protección policial, luego de que se supo este martes que fueron amenazados a través de un mensaje de audio. Ambos actuaron en el caso del ataque contra el abogado Gustavo Bordes, que terminó con el procesamiento de tres personas.

El fiscal de Corte, Díaz, dijo que los casos de amenazas contra fiscales se han dado en el pasado, y apuntó a que esas situaciones ocurrieron antes de que entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, por lo que restó importancia al eventual riesgo que supondría el juicio oral y público.

“La función del servidor público en materia penal tiene asociada estos riesgos, hay que asumirlos y tomar todas las medidas necesarias para llevar el trabajo con normalidad”, dijo Díaz.

Desde que asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en febrero, Chediak viene advirtiendo de que aunque persisten resistencias “culturales” en los actores que tendrán que poner en marcha el nuevo Código del Proceso Penal desde el 16 de julio, el Poder Judicial está en condiciones de hacer una implementación “decente”.

El nuevo código establece, entre otros puntos, que las audiencias públicas quedarán registradas en archivos de audio en lugar de en expedientes escritos donde se trascribe lo que allí se dice.

Además se establece que en lugar de los jueces serán los fiscales quienes dirigirán las investigaciones.

Chediak explicó que sistemas como el Audire (la plataforma a través de la cual se registrará el audio de las audiencias) no estarán disponibles en todos los juzgados, por lo que allí deberá seguirse utilizando expedientes escritos.

Además, algunos edificios no estarán prontos para comenzar a funcionar, y en el Parlamento queda pendiente votar modificaciones que son consideradas indispensables tanto para la Suprema Corte como para la Fiscalía de Corte.

A eso se suma el conflicto salarial que lleva adelante el gremio de actuarios y funcionarios judiciales que, según Chediak, “se ha focalizado en obstaculizar o diferir el cronograma de implementación, sobre todo en obras edilicias y tecnológicas”.

Sin embargo, el presidente de la SCJ destacó que la “reforma es inevitable”.

“Esta democracia sólida que todos disfrutamos se merece un proceso penal acorde y no estar sometido al ojo de organismos internacionales que cuando quieran sancionarnos lo van a hacer sin ningún problema, porque les estamos dando un flanco muy frágil”, afirmó.

Antes de la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, el Parlamento votará modificaciones que fueron sugeridas por el fiscal de Corte, Jorge Díaz. La comisión del Senado que trata esas modificaciones aprobó este martes el cambio necesario en la ley para que la libertad condicional no se aplique “en caso de reiteración, reincidencia o habitualidad” para los delitos de violación, hurto, rapiña, rapiña con privación de libertad, homicidio, extorsión y secuestro. Al comenzar a regir el nuevo proceso, esa ley quedaría en desuso pero con el cambio se mantendrá vigente. A su vez, la semana próxima se modificarán 17 artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia para evitar el desfase que se daría entre un proceso penal de mayores acusatorio (oral y dirigido por el fiscal) y uno de menores inquisitivo (escrito, donde el juez investiga).

 Nota cortesía de El Observador